Defensa del agua como derecho universal
Las comunidades y las ONGs son agentes importantes que ejercen un compromiso más cercano con el ejercicio de la defensa del agua. A continuación, se presentan los relatos de quienes en representación de organizaciones como la Red Nacional del Agua, Mesa Hídrica del Piedemonte llanero, Amigos del Mar, Movimiento Ríos Vivos, 7 ríos Fest, La Mesa Municipal para la Defensa del Agua y del Territorio, y el Comité Ambiental en defensa de la vida, exponen en el desarrollo de su trabajo específico lo que sus gestiones y activismo han contribuido en la situación hídrica colombiana.
Elaborado por: Daniela Forero Niño, líder socioambiental de Agenda AMBAR
Oscar Rojas, líder socioambiental de Agenda AMBAR
Edición: Laura Salazar, Comunicadora Social ONG RUMM
Región Pacífica.
Desde la Región Pacífica,Juan Guillermo Velázquez, biólogo, entomólogo de la Universidad del Valle, con posgrado en biología del comportamiento animal de la Universidad de París, mencionó: “El Pacífico son dos regiones: la región del Pacífico propiamente dicha, que va desde los farallones hasta el litoral Pacífico y la otra región que va del Valle del Cauca a todo el Chocó biogeográfico, la primera es muy importante en cuanto a la calidad y la cantidad de agua que tiene. Allí existen tres problemas, los más importantes están en los ríos San Juan, Anchicayá, el Cajambre, Yurumanguí y el Dagua, del Valle del Cauca. Muchos de esos tienen los mismos problemas con diferencias de intensidad que el resto, los cuales se resumen en la deforestación, la minería y cultivo ilícitos”.
Se expuso que la Región presenta dos frentes geográficos con influencias de actividades económicas de alto impacto. Por su parte, un deterioro sistémico causado por infiltración ilegal e irregular para la explotación agrícola y minera, y otra, una capacidad urbanística que expresa la desigualdad dentro de los territorios en materia del acceso al agua.
La región presenta una agravante significativa que se ve representada por problemáticas históricas de seguridad y acceso estatal, que a su vez, tiene repercusiones en materia ambiental, social e hídrica. Juan Guillermo Velásquez añade además que, estrategias de reconfiguración de seguridad social integral, inversión planificada y remediación de ecosistemas, deberían ser aplicadas con el reconocimiento de las distintas partes involucradas, en aras de reducir las brechas de acceso en el acondicionamiento de acueducto y alcantarillado para todas las comunidades diversas que acompañan el crecimiento de la región en rubros económicos.
Región Caribe
Como representante de la Región Caribe, Pedro Salazar Escobar. Comunicador Social de la Universidad Javeriana de Cali y creador de la Fundación Amigos del Mar en 2015, menciona algunas problemáticas que han investigado en esta región. La Fundación Amigos del Mar es una organización que está ubicada en la Isla de Tierrabomba, frente de la ciudad histórica de Cartagena. En esa comunidad, rodeada completamente por agua salada, se han realizado investigaciones sobre la disponibilidad y calidad de agua en la isla, incluyendo los característicos Ojos de agua en la zona. Sin embargo, el ralentizado avance de estas investigaciones acompaña la creciente necesidad del recurso en los pobladores.
En representación a la región, deben exponer métricas y políticas de reconocimiento de la capacidad hídrica, debido a que la variedad climática de sus ríos y lagos presenta serias limitaciones de infraestructura y desarrollo por su vulnerabilidad climática. Además, la carencia en el acceso y el saneamiento generalizado.
El planteamiento de una política de aceptación mínima a la generación de vertimientos y llamamiento de atención a la acumulación de residuos en ecosistemas marinos y circundantes, provoca efectos erosivos y degeneración de estos que se vincula a un riesgo tanto económico como sanitario a estas comunidades insulares, dado que esto afecta las actividades pesqueras y arrastra la presencia de vectores de enfermedades tropicales.
También, se hace un pronunciamiento enfático en que se requiere un esfuerzo público en la región que reconozca y facilite la capacidad técnica diferencial de proveimiento local del recurso, debido a sus características hídricas particulares, y la sostenibilidad de los ecosistemas propios de la región, como sistemas de manglares, complejos forestales de bosque seco, redes coralinas y fauna autóctona de los mares que se hacen llamativas en afanes turísticos, no tanto en programas de conservación y apersonamiento cultural.
Región Andina
Como representante de la región Andina, Isabel Zuleta, ambientalista popular, ministra comunitaria y directora del Movimiento Ríos Vivos, llamaba la atención sobre las denuncias que dentro su movimiento han destacado en contra del extractivismo, la exploración hidroeléctrica y minera en la región, la desvinculada institucionalidad sobre sectores informales u omitidos por su actividad, en contra de los intereses de comunidades indígenas, palenqueras en los territorios y la vida silvestre.
Zuleta, hace un llamado a la conservación de los patrones de comportamiento tradicional que impulsan al cuidado y la apropiación cultural de los recursos con énfasis en cómo éstas conductas permiten una conservación de los ecosistemas desde un clamor ciudadano y tradicional. Las comunidades autóctonas de los territorios, asumen un papel de regidores ambientales acudiendo a prácticas de conservación de la flora para su aplicación en la farmacognosia tradicional, y cómo desde lo territorial pueden verse en peligro las costumbres por efecto de actividades como la minería y la deforestación.
Por su parte, Jaime Tocora, exconcejal de la ciudad de Ibagué, miembro cofundador del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y delegado ante la ONU Ginebra-Suiza sobre Violación de los Derechos Humanos en Colombia, comparte un discurso intencionado sobre la promoción de estos espacios y el movimiento insurgente de las juventudes conscientes por los recursos. Tocora, realizó un diagnóstico sobre la condición del agua en un aspecto global, dando particularidades cada vez más alarmistas sobre el agravio de la condición hídrica por acción humana y hacia dónde están dirigida tal condición.
En representación de la región, los indicativos económicos de ésta generan una disrupción en los planteamientos anteriores. Es evidente que, aunque la calidad de vida se pueda notar en regiones altamente urbanizadas, la incapacidad de gestión hídrica esta zonificada únicamente en estas áreas, resaltando un factor de desigualdad en materia de acceso a los recursos, que no solo exponen los cuerpos de agua de la región, sino la capacidad de necesidad del recurso y la distribución inequitativa de cantidades vitales, de calidad y accesibilidad al mismo.
Se debe reconocer, mediante instrumentos legislativos, la importancia de la preservación de calidad de vida basadas en el proveimiento soberano de los recursos y ecosistemas tradicionales de las comunidades, haciéndolos partícipes de este bien común, que mediante el respeto y reconocimiento de la propiedad autóctona puede ejercerse control sobre la conservación natural, cultural y soberana en la defensa de su libre seguridad alimentaria y goce bioético. Así mismo, es importante identificar la presencia ecológica de la región, emitir programas de mitigación coordinada de corte institucional y aprobación comunitaria que combatan las actividades económicas que van en contra de su responsabilidad biótica nacional.
Región de la Orinoquia
Julián Villa, representante de la región de la Orinoquia. Médico veterinario, egresado de la Universidad del Llano, es activista ambiental, miembro de la Mesa Amplia del Piedemonte Llanero desde 2010. Promotor, y gestor de acciones en defensa de la autonomía territorial y lucha contra la deforestación y el activismo hídrico.
Realizó un reflexivo análisis sobre las problemáticas más importantes que se dan en su región y la forma indiferente en la que conflictos interregionales hacen provecho de los recursos hídricos que también son requeridos por comunidades de La Orinoquía, resaltó la actividad de los páramos de Los Andes sobre la condición hídrica de su territorio y la problemática de extractivismo que se potencia cada vez más, comprometiendo las bondades del agua y que junto al cambio climático ponen en peligro la dignidad de sus habitantes.
En materia diagnóstica, la región presenta problemáticas a nivel de abastecimiento y capacidad técnica para la apropiación de sus bienes. El desconocimiento de su hidrografía y climatología para la captación de agua, y la inaccesibilidad pública del recurso para proveimiento, ha generado patrones de desarrollo desacelerado en comparación a otras regiones con mayor diversidad en matrices económicas y de infraestructura. Además, menciona que deben presentarse exigencias de priorización a otro tipo de capacidades de explotación que vayan acordes a las necesidades de vida digna de las comunidades locales, contrariando las actividades de explotación presentes en los territorios orientales como son las actividades mineras y petrolíferas.
Región Amazónica
Mercedes Mejía es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Palmira, con maestría en Agroforestería de la Universidad de la Amazonia. Estudiante de doctorado en Educación y Cultura ambiental; es representante de la Mesa Municipal para la Defensa del Agua en Florencia Caquetá y en este momento es profesora en la Universidad de la Amazonía.
Afirma que las problemáticas más claras se hacen evidentes en la falta de agua que acompaña la actual crisis sanitaria y es generalizada en la región; la actividad petrolera que omite su misión de cuidado de los ecosistemas donde se producen pérdidas del crudo por ruptura de viaductos o desplazamientos accidentados de barriles y la deforestación de bosques primarios, que desde 2015 se ha presentado un incremento en la tasa de tala con un pico de hasta 133 mil hectáreas deforestadas en 2018, sin contar el subregistro pronunciado por movimientos campesinos locales y denuncias realizadas ante la Personerías municipales que hablan de 120 mil hectáreas afectadas, solamente en el Amazonas.
En esta región existe un sesgo institucional según las denuncias interpuestas por la Representante Regional. Las propuestas de estudios y pronunciamiento de las comunidades han sido omitidas desde el orden institucional notando la debida carencia de la participación de estas sobre sus propios bienes ambientales; reconociendo la gravedad que implica la desatención de los recursos que presencia el Estado con su biodiversidad, endemismo y retención ecológica de auto sostenimiento. Se debe hacer un movimiento articulado del enfoque que desde esta región se dirige sobre sus problemáticas ambientales, dando atención prudente y acelerada en aspectos de educación ambiental, fomento del turismo responsable, deslindamiento de problemáticas de seguridad que atente contra el estado de los ecosistemas, y el equilibrio ecológico de la Amazonía.
El llamado desde los clamores regionales en el marco de la atención hídrica de las poblaciones se hace en dirección principal hacia la carencia de un rigor estatal en materia de conservación y uso adecuado del mismo. En todos los casos, los territorios expusieron un orden de priorización diferente al indicado por las prácticas de Gestión integral del recurso hídrico, incluso desconociendo la soberanía descentralizada de los cuerpos superficiales, subterráneos y ecosistemas relacionados.
Por lo tanto, las expresiones sociales y comunitarias deben permitirse en el marco de la prospección del desarrollo colombiano. Es necesario el apoyo de prácticas de preservación y crecimiento económico responsable con el ambiente que cuestione las actividades de alto impacto sobre los ecosistemas, denunciado un panorama que evidencia explotaciones mineras y petroleras, sobreexplotación de fuentes pesqueras, deforestación y deterioro de complejos ecosistémicos, y que se incorporen intereses de apropiación en soberanía hídrica.
Además, se expusieron problemáticas sistemáticas en regiones periféricas resaltando los llamados en desatención en materia de saneamiento y abastecimiento de agua potable, prevención del riesgo, deforestación y omisión generalizada del ejercicio democrático que exija la ejecución de planes de gobernanza del agua y participación descentralizada sobre el bien público de la región. Así como la conservación tradicional de los ecosistemas por parte de las comunidades ancestrales, la reserva de cuerpos inalienables para la protección de la vida, el bienestar, y la formalización de un ejercicio de Estado que suponga un fortalecimiento institucional para la veeduría del agua en los territorios rurales del país.
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