Colombia: el segundo país donde más asesinan líderes ambientales
La lucha por proteger el medio ambiente y defender la tierra parece ser cada vez más letal. Según el más reciente informe de Global Witness, una ONG inglesa que lleva la cuenta del número de homicidios a líderes ambientales y defensores de la tierra, el año pasado fueron asesinadas 164 personas por su liderazgo ambiental en 22 países del mundo. Es decir, tres vidas silenciadas cada semana durante 2018. De ellos, 24 eran colombianos.
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Tal cifra nos ubica, por tercer año consecutivo, entre los tres países más peligrosos para la vida de los defensores del medio ambiente junto con Filipinas y Brasil, el primer y tercer país más letales para estos líderes, respectivamente. En 2016, 37 de ellos fueron asesinados en Colombia, lo que nos puso en segundo lugar. Para 2017, con 24 muertes, quedamos en el tercer lugar y este año, la vergonzosa cifra se repite.
De acuerdo con el informe “¿Enemigos del Estado?: De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente”, más de la mitad de los asesinatos ocurrieron en América Latina. Desde que Global Witness comenzó a publicar datos sobre asesinatos, en 2012, este ha sido el continente más afectado de manera constante. Un factor, reconocen los autores, es la fuerte tradición de activismo por los derechos humanos en la región.
La minería fue el sector más letal para hacer oposición, con 43 personas defensoras asesinadas, y hubo una escalada de asesinatos a personas que luchan por la protección de fuentes de agua, pasando de cuatro en 2017 a 17 en 2018.
Amenazas e intimidaciones
Los asesinatos a defensores son la manera más violenta y definitiva de silenciarlos; sin embargo, las amenazas e intimidaciones también son muy frecuentes. Por ejemplo, en julio de 2018, la activista indígena estadounidense Red Fawn Fallis fue sentenciada a 57 meses de prisión. La arrestaron en 2016 cuando agentes de Policía allanaron un campamento de protesta en el oleoducto Dakota Access. Fallis fue acusada de disparar un revólver mientras la tenían sujetada contra el suelo. Ella afirma que el arma se la dio su novio, quien resultó ser un agente del FBI que se infiltró en su grupo de protesta.
En Nicaragua, el activista Medardo Mairena Sequeira fue declarado culpable de terrorismo y crimen organizado y condenado a más de 200 años de prisión después de su participación en una campaña contra el proyecto de un canal interoceánico. En Ucrania, el país europeo con mayor número de asesinatos a defensores de la tierra, la activista Kateryna Gandzyuk murió después de haber sido atacada con ácido. La Policía dijo que el ataque está relacionado con su oposición a la tala ilegal en el bosque Oleshky, en la región de Kherson. Incluso, los bloqueos “diplomáticos” también impiden el trabajo de los defensores. Según GW, Polonia negó la entrada al país a trece activistas que viajaban a la ciudad de Katowice para la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, por ser considerados una amenaza para el orden público y la seguridad nacional.
Para no ir muy lejos, en febrero de 2018 pusieron una bomba afuera de la casa de Enrique Fernández, líder del pueblo nasa en Caloto (Cauca). Uno de los mensajes que recibió decía: “Te salvaste hijo de perra del regalito que te dejamos (…) pero ahora sí no te vas a escapar. Ahora sí te vamos a matar porque nos estás mamando gallo”. Junto a Fernández hay otros 280 líderes nasas que han sido amenazados, según Verdad Abierta.
Aunque nadie en el mundo está documentando sistemáticamente la criminalización a estos defensores, Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (y una defensora ambiental declarada “terrorista” en su natal Nicaragua) dice que, si bien el proceso puede variar, la criminalización tiende a incluir, al menos, uno de estos cinco elementos: tácticas de desprestigio y campañas de difamación en redes sociales (con el uso de palabras como “guerrilleras” o “terroristas”); cargos criminales y órdenes de capturas para ellos o comunidades enteras; procesos judiciales que incluyen prisiones preventivas que duran varios años sin resolverse, y vigilancia ilegal, allanamientos y hackeos no solo a defensores, sino a sus comunidades o abogados.
Este año no mejora
Y esto solo el año pasado. De acuerdo con Global Witness, 2019 ya es alarmante e historias como estas se repiten en Honduras, Guatemala, Canadá, Senegal, Camerún, Estados Unidos y Vietnam, entre otros. En abril de este año, más de mil indígenas de la Amazonia de Brasil acamparon durante una semana en Brasilia. Lo hacen desde hace quince años, pero esta vez la concentración fue masiva. Protestaban porque Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, prometió que permitiría la explotación minera en 15 % de las reservas indígenas en la Amazonia, lo que ya desencadenó invasiones a tierras indígenas por parte de hombres armados.
Frente a los 196 asesinatos de líderes sociales en Colombia, las cifras de defensores del ambiente que han sido asesinados en el país parecen quedarse cortas. GW reconoce en el informe que los datos no logran dimensionar el problema, porque en muchos países la libertad de prensa es limitada y los gobiernos y ONG no monitorean las violaciones sistemáticas. “El acaparamiento de tierras, presente en América Latina y África, puede ser muy difícil de monitorear en zonas del mundo inmersas en conflictos”, agregan.
De acuerdo con el informe “La naranja mecánica” de Somos Defensores, que documentó los asesinatos a líderes sociales en Colombia para 2018,82 líderes fueron asesinados, y de esos, por lo menos doce se dedicaban a defender el medio ambiente.
