Instituto Humboldt propone al país diez procesos de cambio para alcanzar la sostenibilidad
Bogotá, D.C. diciembre de 2018
 Foto: Instituto Humboldt
- El Instituto Humboldt pone a consideración sus conclusiones y sugerencia tras realizar un análisis a diez puntos neurálgicos sobre la biodiversidad actual colombiana, con el fin de abrir el diálogo y el debate público con el Gobierno nacional, los sectores productivos y la sociedad civil, e iniciar así la inevitable y urgente transición de Colombia hacia la sostenibilidad.
- La propuesta identifica estado, tendencias recientes, obstáculos y oportunidades en la gestión sostenible de la biodiversidad, y hace un llamado de emergencia para la puesta en marcha de políticas y acciones en los planes de desarrollo nacional, regionales y locales, asimismo en los compromisos pactados en el Acuerdo de Paz.
- Los resultados de la investigación, compilada en el informe Transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad, están desde ahora a disposición de los colombianos, en formato digital, para consulta y descarga gratuita en el sitio web del Instituto Humboldt.
El tránsito de Colombia hacia la sostenibilidad es necesario e inevitable, y requiere del diseño, planificación y puesta en marcha de espacios posibles para la biodiversidad en el futuro de las ciudades, los paisajes rurales y la agroindustria. Así lo sugiere el reciente análisis realizado por expertos del Instituto Humboldt, cuyas conclusiones fueron entregadas al Gobierno para su consideración en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), que se encuentra en construcción, y que serán puestas a disposición del ámbito público y privado y en los colectivos locales y regionales con el fin de alcanzar acuerdos en un gran plan de gobernanza ecológica y social de los territorios.
Se trata de diez puntos estratégicos o procesos de cambio, llamados Transiciones Socioecológicas hacia la Sostenibilidad, de importancia decisiva para obtener un estado nacional de bienestar que modifique la inconveniente trayectoria actual del país en materia ecológica y social. Estos son: la transformación de las áreas silvestres; la persistencia de territorios anfibios; la creación y administración de “naturalezas protegidas”; la resistencia cultural y el reconocimiento de territorios étnicos y otras colectividades; la conformación y permanencia de los paisajes rurales campesinos; la estabilización y reconversión de territorios ganaderos bovinos; el establecimiento y ampliación de los paisajes agroindustriales; la conformación de enclaves y expansión de las áreas de desarrollo minero y energético; la creación de centros urbanos y su integración en sistemas regionales; y la degradación de la tierra y la necesidad urgente de hacer rehabilitación y restauración ecológicas.
En cada uno se identificaron las tendencias, oportunidades, retos y obstáculos que enfrenta la gestión de la biodiversidad colombiana en medio de un escenario actual de transformaciones sociales y ecológicas. A continuación, se presentan algunas conclusiones de la información elaborada por el grupo de expertos:
En el apartado sobre transformación de áreas silvestres, el Humboldt sugiere prestar especial atención, en etapa de posconflicto, a las fronteras de ocupación campesina en el bosque húmedo tropical para efectos de sustitución de cultivos ilícitos y construcción de infraestructura, de tal suerte que no aumente la ya alarmante deforestación.
También, no postergar más la incorporación de todas las áreas protegidas del país en el ordenamiento territorial. Al interior de las ciudades debe incluirse la gestión de extensiones silvestres en los procesos de desarrollo urbano y en los indicadores de calidad ambiental. Se hace un llamado urgente al diálogo entre las diversas formas de ver, entender y usar la biodiversidad ante los constantes y crecientes conflictos socioambientales.
Es urgente que la institucionalidad del país, en pleno, se ponga al servicio del desarrollo sostenible, como objetivo nacional, pues la evidente falta de articulación institucional en los programas de Gobierno, fundamentalmente aquellos dirigidos al desarrollo de infraestructura o extracción de recursos nacionales, pone en riesgo el mantenimiento de las áreas naturales o seminaturales.
Acerca de la persistencia de territorios anfibios, destaca que de los 1122 municipios de Colombia, 1100 tienen humedales, y 30 de ellos tienen más del 70 % de su territorio en zonas inundables. No obstante, en el país no existen figuras jurídicas suficientes que permitan modalidades de gobernanza, apropiación y manejo adecuado de la biodiversidad por parte de la población humana que habita estos espacios, llamados territorios anfibios. Urge, entonces, el diseño de paisajes anfibios para mantener y limitar las actividades productivas, logrando la funcionalidad de los humedales acordes con la conservación de su carácter ecológico y diversidad biológica características.
Inquieta la apropiación ilegal e impune de muchos espacios de humedal, un problema de fondo que obstaculiza la labor de las autoridades ambientales, y que debe enfrentarse evitando su titulación como “tierras” mal habidas. Es necesario otorgar derechos de ocupación y uso a poblaciones humanas, los cuales se incorporen a las estrategias de gobernanza en los sistemas de áreas protegidas y por fuera de ellas, ante la clara ausencia de estructuras organizacionales legitimadas para la administración de los recursos naturales y los territorios anfibios, que limitan la gestión basada en ecosistemas y comunidades.
Por otra parte, Colombia sigue en mora de reconocer su extensa superficie de humedales como una ventaja comparativa instalada para la adaptación al cambio climático, y el rol de sumideros de carbono que contribuyen, también y en simultánea, a mitigar los efectos causados por este fenómeno mundial.
En el tema de humedales, otro reto prioritario es llevar a cabo procesos de planificación estratégica para el sector hidroeléctrico, de tal manera que la ubicación de obras y programas de infraestructura pueda definirse sin que sea puesto en riesgo la prestación de servicios que ofrece la naturaleza para el bienestar de las poblaciones.
Se sugiere, además, revitalizar la política de manejo de humedales interiores del país y extenderla hasta las sabanas inundables, playones y humedales forestales; y crear una estrategia específica para la gestión social y ecológica de los ríos del país, pues su ausencia limita una visión integral de los espacios de agua.
En la creación y administración de “naturalezas protegidas”, dado que el 90 % de los municipios definidos para el posconflicto cuentan con parte de su territorio en áreas protegidas, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, planteados en el acuerdo de paz con las Farc-EP, el “catastro multipropósito” y las políticas de distribución de tierras pueden convertirse en instrumentos para la gestión de uso sostenible asociadas al SistemaRegional de Áreas Protegidas (Sirap).
En cuanto al turismo en áreas protegidas se hace necesario revitalizar una política nacional de uso público de estas zonas. En perspectiva del aumento de la demanda por visita, apremia la creación de destinos, generación de beneficios locales y la construcción de infraestructura adecuada tal como albergues, centros de visitantes, senderos, entre otros.
Inquieta el déficit notorio y creciente en la gestión de la implementación de áreas protegidas; los mecanismos financieros son insuficientes. Para enfrentar la presencia de poblaciones humanas dentro de estas zonas, Colombia carece de información suficiente al respecto, no existe un catastro completo ni una evaluación del impacto de la ocupación sobre los objetivos de conservación.
En cuanto a la resistencia cultural y reconocimiento de territorios étnicos y de otras colectividades que habitan zonas de alto valor en biodiversidad, estas comunidades tienen una gran oportunidad en la consulta previa, mecanismo importante para evitar deterioros ambientales y culturales. No obstante, en algunos casos, estos instrumentos de participación podrían convertirse en parte del conflicto al usarse de manera indebida, o simplemente burlados, por parte de actores externos e internos involucrados con los territoritos (Estado, particulares, líderes o autoridades comunitarias en ejercicio indebido de su autonomía y de los mecanismos de gobierno propio).
El capítulo étnico, incluido en el acuerdo final de paz entre las Farc-EP y el Gobierno nacional, es una oportunidad para gestionar el territorio teniendo en cuenta el derecho a la autonomía, autodeterminación y reconocimiento de la función de autoridad ambiental que protege, conserva y usa de manera sostenible la biodiversidad. En este marco, los pueblos étnicos deben ser beneficiarios de las medidas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos, adjudicación de predios y procedimientos de formalización en la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Para todos estos casos, es evidente que las comunidades pueden demostrar, desde la práctica, la función ecológica de la propiedad, también que a las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se antepone la no explotación.
Preocupan dos aspectos: la pérdida de recursos naturales, o de acceso a ellos, en tierras colectivas de menor tamaño o con influencias externas severas que lleva al aumento de la inseguridad alimentaria, y el insuficiente reconocimiento de las formas de vida, como respuestas actuales o potenciales a la adaptación al cambio climático, que sin duda aumenta la vulnerabilidad social y ambiental.
Angustia el retraso en la titulación o ampliación de territorios colectivos, o su negación, cuando son áreas de interés económico por parte del Estado, se constituye hoy en uno de los obstáculos para el tránsito del país hacia la sostenibilidad.
Una enorme oportunidad para hacer conservación desde las poblaciones se presenta en la gestión de áreas protegidas, a través de los Regímenes Especiales de Manejo y la creación de parques por solicitud de las comunidades, hecho que ya sucede en extensas zonas del país. Por otra parte, el reconocimiento formal del Estado colombiano al ejercicio de autoridad ambiental de parte de los grupos indígenas y afrodescendientes permitiría aportar a las estructuras gubernamentales las experiencias de gobernanza de los territorios por parte de estas colectividades.
En lo relacionado a la conformación y pervivencia de paisajes rurales campesinos, se recomienda implementar los compromisos del Acuerdo de Paz, firmado entre las Farc-EP y el Gobierno nacional, como la creación de El Fondo de Tierras, el establecimiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial, la construcción de estrategias para la reducción de la pobreza extrema y el impulso a la seguridad alimentaria dadas sus posibilidades para el ordenamiento ambiental y productivo de amplias zonas del país.
También, se sugiere extender las iniciativas de ciencia ciudadana a todas las regiones, y reconocer, formalizar y fortalecer los saberes de comunidades locales en cuanto al uso, manejo y gestión de la biodiversidad, bajo figuras de conservación como Reservas Privadas de la Sociedad Civil o áreas protegidas campesinas.
El Humboldt pide prevenir la latente atmósfera de conflictos que pueden desatarse con la formulación e implementación de políticas que privilegian la agricultura comercial y las actividades agroindustriales sobre la producción familiar en territorios rurales campesinos.
Sobre la estabilización y reconversión de paisajes ganaderos bovinos, el potencial para reducir las emisiones de gases efecto invernadero, producto de la actividad ganadera bovina, es amplio pues, actualmente, existen tecnologías y prácticas que contribuyen a reducirlas. La dificultad está en su aplicación al no ser muy difundidas. Si este tipo de estrategias son incorporadas al sector de la ganadería podrían reducirse entre el 18 y 30 % de las emanaciones.
En Colombia hay insuficiencia en la operatividad de incentivos, de varios tipos, para acelerar la reconversión ganadera del país hacia una mayor eficiencia social y ambiental. Otro aspecto que obstaculiza un tránsito sostenible es considerar la ganadería como un problema del “sector ambiental”, y no como una oportunidad en una parte enorme del territorio, lo que lleva a que los conceptos e instrumentos de gestión de la biodiversidad no trascienden a fondo al Ministerio de Agricultura e instancias de investigación e innovación tecnológica para el agro.
Es probable que en el escenario de posconflicto se busque promover el fortalecimiento de actividades ganaderas como alternativas económicas, con gran incertidumbre sobre sus sostenibilidad, generando altos riesgos para la biodiversidad y los beneficios de la naturaleza.
Acerca de establecimiento y expansión de paisajes agroindustriales deben difundirse y replicarse en el país las iniciativas de trabajo entre empresas del sector y resguardos indígenas con un enfoque inclusivo de sostenibilidad, por su gran potencial de expansión territorial. Es muy importante, también, hallar formas asociativas para que productores pequeños y medianos puedan sumarse a los grandes emprendimientos de la industria del agro. Por otro lado, hay que prestar especial atención a la concentración de propiedad de la tierra por la percepción social negativa que se crea y alimenta frente a la industria derivada de la actividad agrícola, entre otras razones porque restringe el uso que da la sociedad a áreas prestadoras de servicios ecosistémicos al interior de espacios privados; también, porque contribuye a restar legitimidad al desarrollo de la agroindustria basada en grandes inversiones de capital.
Es inconveniente continuar en un esquema de ensayo-error, en el que cada gremio, entidad e inversionista emprende proyectos a su gusto, según intereses particulares y siguiendo señales a veces equivocadas y coyunturales del mercado. Se requiere una planificación estratégica, con enfoque territorial, para el desarrollo de la agroindustria en el país.
Intranquiliza la carencia de un sistema de evaluación de impacto ambiental por iniciativas agroindustriales y, en consecuencia, del proceso de gestión para proyectos de la industria del agro, entre otros motivos por la percepción de que estos temas no tienen que ver con el sector ambiente.
Hay que poner la lupa a los sistemas regulatorios, como la Ley Zidres, que no incorporan suficientemente criterios sociales y ecológicos en la promoción de usos de la tierra basados en agroindustria, pues terminarán por repetir los errores que han traído consigo la intensificación del campo.
Al respecto de la conformación de enclaves y expansión de áreas de desarrollo minero y energético, Colombia debe consolidar los espacios de valor ambiental a nivel nacional que son objeto de exclusiones –páramos, ciertos humedales–, y tener una idea clara de los impactos locales y acumulativos no controlados en otro tipo de espacios de interés local como los ecosistemas terrestres, ríos o afloramientos kársticos, todos con su biodiversidad característica y beneficios sociales específicos.
El sector petrolero ha hecho algunos avances notorios en la gestión ambiental, en especial en la exclusión concertada de áreas de exploración-explotación, que llevaron a la creación de algunas áreas protegidas. Este tipo de alianzas pueden replicarse en escalas regionales y locales cuando la gestión de la biodiversidad no se pueda mitigar o compensar. Hay escaso seguimiento a las actividades derivadas de los procesos de restauración ecológica. Implementarlo podría derivar en fuentes de empleo importantes a nivel local.
En la creación de centros urbanos e integración en sistemas regionales, una oportunidad más para la sostenibilidad del país está en la existencia de un enorme espacio de promoción de la infraestructura verde asociada con desarrollo urbano, con potencial de impactar ciudades intermedias y centros metropolitanos en acelerado crecimiento a través de su inclusión como componente de los índices de calidad.
Existe un desconocimiento generalizado de la importancia de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en las ciudades, por lo que el reto principal es posicionarlos en la agenda urbana y urbana-regional. Es urgente consolidar información multiescala sobre los ambientes urbanos, con criterios sociales y ecológicos, que permitan incidir en la planificación metropolitana y regional.
Finalmente, y en cuanto a la aparición de paisajes degradados y emergencia de la rehabilitación y restauración ecológicas, la restauración ecológica es además de indispensable, costosa y los resultados son visibles a largo plazo. Sin embargo, debe considerarse que una transición de zonas degradadas a restauradas requiere de un esfuerzo sostenido y constante en el tiempo, lo cual no siempre está disponible en las agendas y planes de gestión, enmarcados en tiempos y ritmos políticos y electorales.
La comunidad científica ha resaltado que la restauración ecológica, tal como se está dando en Colombia, representa un conjunto amplio de casos heterogéneos que carecen de suficiente monitoreo, de tal suerte que no puede establecerse un concepto mínimo sobre su eficiencia y eficacia.
Para el grupo de expertos, el análisis contenido en el documento abre la conversación y el debate a todas las instancias de la vida nacional en torno a estos diez puntos neurálgicos actuales en la gestión de la biodiversidad del país y a los futuros posibles.
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