martes, 20 de marzo de 2018


Páramo de Santurbán: ¿por qué la empresa minera desistió de su proyecto?


Páramo de Santurbán.

Un análisis de la jugada política de Minesa para obtener la licencia y explotar el oro

Álvaro Pardo*

En plena campaña electoral, Minesa gana tiempo y espera que el próximo presidente le conceda la licencia ambiental. Se trata de lanzar el proyecto a toda costa, sin evaluar los impactos sobre el páramo e improvisando los planes de manejo.

La jugada

El miércoles de esta semana, la Sociedad Minera de Santander (Minesa) que pretende explotar oro en las inmediaciones del Páramo de Santurbán, anunció el desistimiento del proceso de licenciamiento para incluir nueva información en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Minesa pertenece al Mubadala Development Company, grupo empresarial del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, con sede en Abu Dabi.
Previamente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había requerido información adicional a la del Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de determinar el impacto real del proyecto.
El desistimiento de Minesa tiene mucho de cálculo político, pone nuevamente en evidencia la necesidad de repensar el procedimiento para obtener una licencia ambiental en Colombia y la inconveniencia de “delimitar” o fragmentar los sistemas complejos de páramos sin afectar su funcionamiento y su sostenibilidad.    

Esperando un presidente extractivista

Sociedad Minera de Santander, Minesa.
Sociedad Minera de Santander, Minesa.  
Foto: Ministerio de Minas
La decisión de Minesa también deja en evidencia el oportunismo político de la compañía, que quiere imponer sus intereses particulares ahora que en el abanico presidencial aparecen nuevos abanderados del extractivismo salvaje.  
¿No es mejor esperar al paraíso extractivista que prometen los candidatos presidenciales de derecha? ¿No cabe la posibilidad de que una nueva Corte Constitucional empiece a limitar los derechos colectivos y los mecanismos de participación ciudadana? ¿No es mejor esperar a que un nuevo gobierno “de mano dura” imponga una delimitación del Páramo sin participación ciudadana?
Esta parece ser una estrategia de Minesa para ganar tiempo y para esperar que en condiciones políticas más favorables, la autoridad ambiental le ponga “el chulo”.
El argumento de que Minesa desiste porque tiene nueva información técnica y social no es creíble. La ANLA ya había solicitado información adicional: ¿por qué no la incluyeron en la respuesta que entregaron el pasado 6 de febrero? En realidad, Minesa improvisó su primer Estudio y se quedó sin argumentos para responderle a la ANLA.
Por lo tanto, esta parece ser una estrategia de la empresa para ganar tiempo y esperar que en condiciones políticas más favorables, de quienes prometen acelerar la actividad minera después de agosto, la autoridad ambiental le ponga el “visto bueno” que necesita su precario EIA para otorgarle la licencia ambiental.

Un Estudio de Impacto Ambiental improvisado

Hay que aclarar que no se trata de que el gobierno Santos se hubiera opuesto a la operación de Minesa o de que no haya devuelto los favores (Los árabes prometieron 1.000 millones de dólares para el desarrollo del proyecto minero y otros 45 millones de “donación” para el postconflicto).
La realidad es otra y es más que evidente: el proyecto de Minesa no es viable desde ningún punto de vista. El propio EIA concluyó que el proyecto provocaría 24 impactos en las dimensiones biótica, abiótica y socioeconómica y que 21 de ellos serían significativos o muy significativos, pero negativos.
¿Vale la pena licenciar un proyecto que tendrá más impactos negativos que positivos? Los defensores del modelo extractivista dirán que sí. Pero los hechos muestran lo contrario:
  • Algunos de los impactos son irreversibles, así la empresa mantenga silencio respecto a ellos. Minesa oculta información sobre daños irreversibles en el área del título minero, aunque, convenientemente, el título estuviera por fuera de la amañada delimitación establecida por el gobierno mediante Resolución 2090 de 2014.
  • En las más de 5.000 páginas del EIA, Minesa no identifica impactos irreversibles, pues su único interés es obtener la licencia ambiental.
  • Los planes de manejo propuestos no tienen el alcance para remediar los daños, por ejemplo, en materia de aguas superficiales y subterráneas, o de manejo de toneladas de minerales tóxicos y radioactivos, que serán depositados a perpetuidad en el Depósito de Relaves Secos (DRS).
  • La empresa no identificó la totalidad de los impactos y dejó ocho impactos huérfanos, con consecuencias sobre los derechos fundamentales y colectivos de la población del área de influencia.
Si el interés general prevaleciera sobre los cálculos de una multinacional, los EIA tendrían que ser elaborados por el mismo Estado, recabar su propia información, con los recursos de las empresas interesadas, y sobre esa base decidir, protegiendo la riqueza ambiental y los derechos de los ciudadanos.
Minesa confió en que la visita del presidente Santos a los Emiratos Árabes en noviembre del año pasado le aseguraría su licencia ambiental, pero el EIA que presentó es un monumento a la improvisación y a la desfachatez. Nadie entiende cómo podría Minesa lograr que la zona amplia de páramo pueda ser irremediablemente impactada, pero que se mantenga intacta.

¿Empezar de nuevo?

Extracción subterránea de minas.
Extracción subterránea de minas.    
Foto: Ministerio de Minas
El desistimiento de proceso de licenciamiento es una decisión unilateral de Minesa, aceptado de inmediato por la ANLA mediante Auto 01026 del 13 de marzo de 2018, que vulnera los derechos ciudadanos al debido proceso y a la participación. Minesa ya había hecho lo que le correspondía, entregar el EIA y entregar la respuesta a las nuevas solicitudes de información, seguía en el proceso el desarrollo de las audiencias públicas y la respuesta de la ANLA a las múltiples inquietudes de los ciudadanos y los derechos en petición, que ahora quedan en el aire.   
Minesa confió en que la visita de Santos a los Emiratos Árabes aseguraba la licencia ambiental, pero el EIA presentado es un monumento a la improvisación y a la desfachatez.
La ANLA ha debido proseguir con el proceso y decidir de fondo con la información en su poder. En cualquier caso, el EIA no llevaría a cosa distinta que a negar la licencia ambiental, lo mejor sería archivar de una vez, neutralizando los cálculos políticos de la compañía.  
Tampoco hay elementos para creer que un nuevo EIA mejorará el original. Como ya es tradición en el país, los EIA suelen ser incompletos, tener grandes vacíos, impactos no identificados y planes de manejo repetitivos, que copian lo que ya hacen otras mineras sin mayor éxito.

Desinformando o sobornando a las comunidades

No existe una diferencia clara entre las reuniones de “gestión social” y las de “socialización” del proyecto minero. Muchas inquietudes de la comunidad quedaron sin respuesta y algunas actas quedaron sin firmar o con la mayoría de las firmas de empleados de Minesa e Ingetec.
Minesa sostiene que el área de influencia (AI) de su proyecto serían las veredas donde están ubicadas la mina y su proyectada planta de procesamiento y los cascos urbanos de Suratá y California. Una definición amañada del AI. Acaso ¿pueden las aguas ácidas que contaminan una quebrada afectar solo a la comunidad próxima a la mina y no a las comunidades aguas abajo?
En la sentencia T-704 de 2016, la Corte Constitucional señaló  que las AI se definen por los derechos de los ciudadanos que puedan ser afectados por proyectos económicos. Bajo esta definición, Bucaramanga y otros municipios próximos harían parte del AI.
El agresivo programa de “gestión social” incluyó la financiación de ferias y fiestas, la repartición de almuerzos, empleos y regalos, la invitación a paseos a taxistas de Bucaramanga, periodistas e ilustres empresarios. Estas “gestiones” sirvieron para fidelizar a los simpatizantes y a una parte de la comunidad, pero causaron graves conflictos sociales y opacaron la voz de las familias que se oponen a la destrucción de su territorio.
El asistencialismo tiene frutos en el corto plazo, pero es insostenible en el mediano. Los alcaldes de Suratá y California solicitaron la semana pasada a la ANLA negar la licencia ambiental a MINESA.

La minería genera empleo, pero…

Manifestaciones en contra de la explotación minera en Santurbán.
Manifestaciones en contra de la explotación minera en Santurbán.
Foto: Gobernación de Norte de Santander - Juan Carlos Castañeda Guerrero 
Minesa identificó diez impactos socioeconómicos, entre otros, las expectativas de la población, el desplazamiento involuntario de familias campesinas, cambios en la dinámica poblacional y de bienes y servicios, y generación de empleo. Pero el análisis objetivo de estos impactos flaquea por la exageración de los aspectos positivos hasta el punto de hacerlos publicitarios.
¿Todos los daños ambientales para que los árabes puedan extraer una onza de oro por cada 6,2 toneladas de material removido? No vale la pena.
Generar empleo es bueno, pero el análisis debería incluir otras consideraciones. El proyecto necesita aproximadamente 1.800 trabajadores en la fase de construcción, lo cual implica la inmigración laboral de otras regiones. Por lo tanto, Minesa debió tener en cuenta el impacto del arribo de población flotante sobre aspectos como el déficit de alimentos y de vivienda, el escaso desarrollo del comercio o la oferta limitada de servicios públicos y sociales en Suratá y California.  

Los impactos críticos y huérfanos

Al analizar la dimensión socioeconómica del EIA, se encuentra que Minesa dejó de identificar ocho impactos críticos y que los dejó “huérfanos”, sin planes de manejo. La compañía planea la disposición a perpetuidad de minerales tóxicos y radioactivos en las escombreras de la proyectada mina Soto Norte.
Información contenida en el capítulo 3 del EIA permitió calcular la cantidad de minerales tóxicos y radioactivos que serán dispuestos en las escombreras:
Mineral (Toneladas)
Mena que entra en la planta
Relaves totales
Aserradero California
Depósito de relaves secos Suratá
 Volumen Total
53´321.850
48´573.172
2´054.000
6´685.858
Arsénico – As
18.983
2.467
43
140
Antimonio – Sb
5.598
1.122
5
16
Bismuto – Bi
1.333
131
1,8
5,8
Plomo – Pb
7.732

63
207
Zinc – Zn
30.713
1.845
258
842
Uranio – U
1.073

18
60
Cadmio – Cd
357

2
6,5
Torio – Th
112

13
43
Calculo propio a partir de la tabla 3.64 del EIA de MINESA S.A.
Se trata de un verdadero coctel de minerales de alto riesgo (uranio y arsénico, entre otros) que permanecerán en la escombrera el Aserradero entre 20 y 25 años, y a perpetuidad en el Depósito de Relaves Secos, en Suratá. Se trata de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la salud, apenas necesarios para negar inmediata y definitivamente la licencia ambiental.

¿Vale la pena el proyecto?

Perforar el macizo con cuatro kilómetros de túneles para arrancar el mineral y construir otros túneles de 5,6 kilómetros para transportarlo hasta la planta de procesamiento, y después retrollenar los túneles con una mezcla de cemento y roca, significa afectar la dinámica de las aguas del páramo, tanto superficiales como subterráneas. Este hecho no puede ser minimizado, controlado ni compensado con todo el oro del mundo.
En suma, la compañía no consideró realmente el impacto del proyecto sobre la región. El intenso flujo vehicular sobre vías angostas puede provocar pérdida de banca y deslizamientos; la demanda de material de construcción disparará la explotación ilegal de arenas y gravas; el transporte de químicos y explosivos tiene un alto riesgo sobre la población. Faltan por considerar también los posibles impactos acumulativos de la minería en la región, teniendo en cuenta que los 37 títulos mineros y las no menos de 16 solicitudes adicionales, convertirían las inmediaciones del Páramo en un distrito minero.
¿Todo esto para que los árabes puedan extraer una onza de oro por cada 6,2 toneladas de material removido? No vale la pena.
*Economista especializado en Derecho Minero-Energético y en Derecho Constitucional, director de Colombia Punto Medio.

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